“Se debe coordinar y actuar de manera conjunta entre los municipios del área rural y el Órgano Judicial.
José Luis Vargas
Director Red de Participación y Justicia
¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo su institución sobre las investigaciones del acceso a la justicia?
La Red Participación y Justicia es una Organización que aglutina a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ONG, fundaciones y universidades de todo el país, constituidas en una Red de Organizaciones de la sociedad civil que trabaja en el área de justicia y otros ámbitos como democracia. Imbuidos en el tema, en el año 2010 desarrollamos el proyecto de ‘Mapeo de la administración de justicia en Bolivia’, un estudio que nos brindó información sobre los grupos de personas que son vulnerables en el acceso a la justicia, considerando este mecanismo como un derecho humano que el Estado debe garantizar, al igual que el ejercicio de todos los demás derechos para los ciudadanos.
¿Cuáles fueron los resultados concretos?
Se ha desarrollado una acción en los nueve departamentos del país destinada a conocer y establecer los siguientes aspectos del sistema de justicia en Bolivia: los niveles de presencia de la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina en el país; el estado del relacionamiento entre la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina hasta la actualidad; identificar los obstáculos para el acceso a la justicia, así como de los grupos más vulnerables; determinar factores que constituyen amenazas externas en el acceso a la justicia, de los grupos más vulnerables y propuestas de solución, y determinar factores que constituyen amenazas internas en el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables
El estudio nos permitió determinar que los grupos de personas que no tienen acceso a la justicia son las mujeres, los niños y adolescentes, indígenas originarios campesinos, adultos mayores y personas con discapacidad, derecho que no se ejerce por diferentes factores, como el económico, cultural, desconocimiento de sus derechos, desconfianza, distancia e idiomas.
¿Y en los otros escenarios, como en el de la justicia ordinaria, qué aspectos se analizaron?
Entre otros aspectos fue el ver que la jurisdicción ordinaria tiene una presencia importante a nivel urbano en el país, que está centrada en las ciudades capitales de cada departamento; sin embargo, ésta aún no es suficiente dados los altos niveles de población que se tienen en la mayoría de las ciudades y su permanente crecimiento.
La presencia de la jurisdicción ordinaria, si bien abarca gran parte del territorio nacional, esto sólo comprende hasta las capitales de cada provincia en el país, por lo que su cobertura en general es bastante limitada a nivel rural y dificulta de gran manera el adecuado acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos que habitan en las áreas rurales del país.
En el ámbito rural, además de la falta de presencia de la jurisdicción ordinaria en varios municipios, está el escaso número de juzgados en aquellos lugares, donde, si existe alguna presencia de esta jurisdicción, complica y dificulta aún más el adecuado acceso a la administración de justicia.
¿Y en la jurisdicción agroambiental?
Presenta un nivel muy bajo de cobertura o presencia en el país, ya que ni siquiera logra cubrir la totalidad de las provincias del país, situación preocupante, que genera el descontento ciudadano sobre la poca accesibilidad que se tiene al sistema de justicia en esta jurisdicción.
Es importante el tener en claro que esta escasa cobertura, tanto en la jurisdicción ordinaria como agroambiental, se da por la falta de una mayor asignación presupuestaria al sistema de justicia en el país; aspecto que debe ser parte del análisis de esta temática, a fin de mejorar los niveles de acceso a la justicia en Bolivia.
Los ciudadanos del área rural, ante este escaso nivel de cobertura, privilegian los servicios de las instituciones estatales de conciliación para canalizar la resolución de sus conflictos (en los casos que corresponda).
No se observa una adecuada coordinación y cooperación entre los municipios y el Órgano Judicial, destinada a generar un mejoramiento del acceso ciudadano a la justicia en cada uno de estos ámbitos territoriales.
¿Y tienen los insumos para cumplir esta tarea?
Los distintos pueblos indígena originario campesinos aún no presentan una estructuración adecuada para afrontar la administración plena de su justicia en el ámbito de su territorio. Hacen falta acciones destinadas a fortalecer su estructura, que facilite la implementación plena de la denominada jurisdicción indígena, que ayude y posibilite un mejoramiento del acceso al sistema de justicia en el país.
Actualmente la coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina en general es inexistente.
Hace falta mayor información adecuada y completa de los distintos sistemas de justicia que coexistirán en el marco de la nueva estructura de justicia establecida para el país, conforme a los alcances de la norma constitucional, para beneficio de todos los ciudadanos.
¿Qué falta para mejorar los servicios judiciales y posibilitar un mayor acceso a la población?
Es necesario tomar conciencia de la importancia y necesidad de que se asignen mayores presupuestos a la administración de justicia ordinaria, que posibilite una mayor presencia y cobertura en los distintos ámbitos en la que tiene competencia y jurisdicción.
Se debe coordinar y actuar de manera conjunta entre los municipios del área rural y el Órgano Judicial, para posibilitar la implementación de juzgados, en centros instalados en los municipios, que posibiliten la presencia de la jurisdicción ordinaria en todo el país, y de ser posible incluso en comunidades intermedias, que permitan mayor accesibilidad a la justicia.
¿Qué otras medidas se deberían aplicar?
En la jurisdicción ordinaria deberán promover la incorporación e implementación de los conciliadores en cada juzgado, tal como establece la nueva Ley del Órgano Judicial, como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, aspecto que busca descongestionar el sistema tal como se pretendía con los denominados jueces de paz a nivel de los municipios rurales y comunidades en el país, a fin de lograr mayor celeridad en la atención y resolución de controversias en las comunidades.
Con el fin de fortalecer y coadyuvar con el proceso de implementación del pluralismo jurídico y la coordinación y cooperación de las distintas jurisdicciones facultadas para administrar justicia, se deberán promover procesos de diálogo y encuentro entre autoridades de estos sistemas.
Con el fin de fortalecer y coadyuvar con la implementación de la jurisdicción indígena originaria campesina, se deberá promover la transparencia de estos sistemas en los distintos pueblos indígena originario campesinos, con referencia a sus autoridades, procedimientos, ámbitos, sanciones, que ayuden a garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, en el marco de la Constitución Política del Estado.
