Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz (ABI) Santa Cruz, 6 mayo (ABI) - El político empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ) llamó el martes por la noche a una Asamblea de la Cruceñidad para cerrar filas en torno al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al empresario de origen croata Branco Marinkovic y al ganadero Guido Náyar, convocados a declarar por el fiscal Marcelo Soza, que investiga los enlaces financieros de un grupo de milicianos europeos y criollos que tramaban un magnicidio y la fragmentación geográfica de Bolivia. “Se le ha dado potestad a la Presidencia mía de que se convoque, en caso de que sea necesario, lo más pronto posible y que sea en el momento preciso, a una Asamblea de la Cruceñidad para tomar determinación en cuanto a la movilización que ya estamos en este momento realizando”, anunció Luis Núñez, titular del CPSCZ. El CPSCZ, que aglomera a empresas y organizaciones civiles de Santa Cruz,y cuyo vicepresidente es Náyar, ex ministro de Gobierno del ex dictador y presidente Hugo Banzer (1971-78 y 1997-2001) también pidió “rechazar el complot que hay contra la dirigencia de Santa Cruz”, dijo Núñez. El líder cívico, sucesor de Marinkovic y éste, a su vez, de Costas en la presidencia del CPSCZ, denunció también una campaña “contra el movimiento cívico y contra los autonomistas que el Gobierno central está realizando, haciendo oídos y caso a gente que de verdad deja muchas dudas en cuanto a su reputación”, en alusión a Soza. En La Paz, el gobierno de Morales rechazó la versión de que la investigación antiterrorista que patrocina Soza sea un camelo o un montaje de contornos políticos. El viceministro de Juticia, Wilfredo Chávez, dijo que la investigación antiterrorista la patrocina el Ministerio Público y el gobierno de Morales nada tiene que ver en el asunto. El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, denunció que los financiadores del grupo armado, entre los que el fiscal Soza mencionó a Marinkovic y Náyar y de manera más atenuada a Costas, fundado en las confesiones de uno de los implicados directos en los afanes terroristas en Bolivia, dijo que se trataba de una estrategia para armar en el país una situación de confrontación in extremis como la vivida en la región europea de Kósovo, que disparó a principios de la década de los ’90, la guerra y atomización de Yugoslavia. También “hemos conformado un consejo de defensa de los derechos humanos” en el CPSCZ, reseñó Núñez. En sus resoluciones, el CPSCZ gatilló contra el gobierno de Morales, al que acusó de utilizar el caso como mecanismo de amedrentamiento y persecución política el asunto. También por la presunta violación al estado de derecho y a la ley con el objeto de mantener “el montaje de este complot para destruir la institucionalidad democrática de Santa Cruz y acallar las voces disidentes”. Santa Cruz se ha convertido en el bastión de la oposición empresarial de corte ultraconservador al presidente indígena de izquierdas. Se trata de una reacción del CPSCZ, 24 horas después que Soza denunciará, con fines de formalización penal, a una decena de dirigentes empresariales y políticos de Santa Cruz, entre otros el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mauricio Roca; como financiadores de la organización armada de aristas internacionales.