Organizaciones sociales se apostaron en las puertas de la Corte Suprema, en Sucre, para vigilar el jucio contra Gonzalo Sánchez de Lozada (G. Jallasi, ABI) Sucre 18 mayo (ABI).- El Tribunal de Sentencia del juicio de responsabilidades por genocidio contra el ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y parte de su gobierno (2002-2003), que se inició el lunes, declaró en rebeldía a los imputados ausentes pero fue suspendido por una recusación a sus miembros presentada por el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, que debe ser resuelta en las próximas horas. La audiencia se instaló aproximadamente a las 10h00 en una sala de la Corte Suprema de Justicia a la cabeza del magistrado Ángel Irusta, presidente del Tribunal de Sentencia. A la sesión se presentaron sólo ocho de los 17 imputados, los ex ministros de Trabajo, Adalberto Kuajara; de Asuntos Financieros, Dante Pino y de Medio Ambiente, Erik Reyes Villa, además de los cinco miembros del Alto Mando militar. No compareció, como estaba previsto, el principal acusado, el ex presidente Sánchez de Lozada que reside en Estados Unidos a donde fugó en octubre de 2003 después de dimitir, junto a los ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague El ex presidente utraliberal se refugió en ese país tras una insurrección popular que se oponía a la exportación de gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos y que se cobró la vida de 67 personas y dejó al menos 400 heridos, cuyos familiares son los principales demandantes. En el primer acto procesal, el abogado de los familiares de las víctimas de la denominada masacre de 2003, Rogelio Mayta, pidió al tribunal declarar en rebeldía a los imputados que no concurrieron a la audiencia y que se inicie el trámite de extradición en los países en los que están asilados o refugiados. El Tribunal aceptó la petición y declaro rebeldes al ex ministro de Agricultura, Guido Áñez, que reside también en Estados Unidos; al ex ministro de Educación Hugo Carvajal en España. Además, a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Mirtha Quevedo (Participación Popular) y Javier Torres Goitia (Salud), a quienes la semana pasada el gobierno de Perú otorgó asilo y a Yerko Kukoc, cuyo destino es desconocido. Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague ya tienen una notificación para extradición que se tramita en Estados Unidos. “Es importante esta situación porque la declaratoria en rebeldía suspende el proceso para ellos, ya no se van a poder beneficiar con la prescripción. La Corte en ese marco ha dispuesto una orden de aprehensión que puede ser ejecutada inclusive por la Interpol y en su caso se presentará más adelante la extradición de estas personas”, informó a la ABI Mayta. Posteriormente se conoció que el ex ministro de Gobierno presentó una recusación contra los miembros del Tribunal de Sentencia lo que obligó a la suspensión de la audiencia para analizar la petición. Este recurso jurídico fue calificado por Mayta como “deplorable” porque intenta “sabotear el proceso”, aunque el jurista informó que pidió al Tribunal resuelva la petición “en pocas horas, máximo hasta mañana” para continuar con el juicio oral. El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada es el segundo en la historia republicana de Bolivia pues en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza que encabezó un sangriento golpe de estado para establecer una dictadura militar de 1980 al 81. La imputación contra el ex presidente establece delitos de homicidio, vejaciones y torturas lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, allanamientos atentados a la libertad de prensa y resoluciones contrarias a la ley.
