Contraloría encuentra responsabilidad penal en 10 ejecutivos de YPFB en contrato con Catler
Gabriel Herbas, Contralor interino (ABI) La Paz, 16 jun (ABI).- La Contraloría General del Estado (CGE) emitió el martes un informe preliminar en el que denunció responsabilidad penal de diez funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el proceso de contratación de la empresa Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos por 86 millones de dólares. "Hubieron demasiados vicios en este proceso de contratación, estamos hablando de diez personas que en este caso habrían caído en irregularidades penales. Estamos hablando de ejecutivos de YPFB en dos comisiones en particular que han participado en el proceso de contratación de Catler Uniservice", informó en conferencia de prensa el Contralor interino, Gabriel Herbas. El funcionario explicó que esa información preliminar, que será confirmada en los próximos días, es el resultado de la auditoría que se realizó al proceso de adjudicación. Dijo que la auditoría reveló que el proceso de contratación está plagado de contravenciones a la norma desde el inicio, tomando en cuenta que se efectivizó a través de una resolución aprobada solamente por el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y no así por el directorio. Herbas informó que la responsabilidad penal fue constatada tanto en la comisión de calificación como en la comisión de concertación, las mismas que adjudicaron el contrato a una empresa que no estaba legalmente constituida y que lógicamente dio paso a un contrato lesivo al Estado. "Los delitos que se han encontrado dentro del informe de responsabilidad penal son por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias al Estado, contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica y conducta antieconómica", aseveró por su parte Vivian Chacón, subcontralora de Servicios Legales. La funcionaria aclaro que el daño económico se establecerá en un proceso penal, donde será el juez quien determine el monto por el cual se generaron las conductas lesivas al Estado. La Contraloría decidió que los nombres de los diez acusados se mantendrán en reserva hasta que se realice el proceso de notificación. "Desde nuestro punto de vista, esta auditoría va a sustentar de manera mucho más efectiva el trabajo que está llevando adelante la Fiscalía contra los involucrados, además que amplía a mayor cantidad de funcionarios públicos en estas responsabilidades de carácter penal en los daños que han originado al Estado", señaló Herbas. La investigación del contrato rubricado entre la estatal petrolera y el consorcio argentino-boliviano Catler Uniservice comenzó tras el atraco de 450 mil dólares y el asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor, el pasado 27 de enero, que destapó actos de corrupción en YPFB. En el marco de esas investigaciones fue encarcelado el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, principal gestor de ese contrato.
Gabriel Herbas, Contralor interino (ABI) La Paz, 16 jun (ABI).- La Contraloría General del Estado (CGE) emitió el martes un informe preliminar en el que denunció responsabilidad penal de diez funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el proceso de contratación de la empresa Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos por 86 millones de dólares. "Hubieron demasiados vicios en este proceso de contratación, estamos hablando de diez personas que en este caso habrían caído en irregularidades penales. Estamos hablando de ejecutivos de YPFB en dos comisiones en particular que han participado en el proceso de contratación de Catler Uniservice", informó en conferencia de prensa el Contralor interino, Gabriel Herbas. El funcionario explicó que esa información preliminar, que será confirmada en los próximos días, es el resultado de la auditoría que se realizó al proceso de adjudicación. Dijo que la auditoría reveló que el proceso de contratación está plagado de contravenciones a la norma desde el inicio, tomando en cuenta que se efectivizó a través de una resolución aprobada solamente por el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, y no así por el directorio. Herbas informó que la responsabilidad penal fue constatada tanto en la comisión de calificación como en la comisión de concertación, las mismas que adjudicaron el contrato a una empresa que no estaba legalmente constituida y que lógicamente dio paso a un contrato lesivo al Estado. "Los delitos que se han encontrado dentro del informe de responsabilidad penal son por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias al Estado, contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica y conducta antieconómica", aseveró por su parte Vivian Chacón, subcontralora de Servicios Legales. La funcionaria aclaro que el daño económico se establecerá en un proceso penal, donde será el juez quien determine el monto por el cual se generaron las conductas lesivas al Estado. La Contraloría decidió que los nombres de los diez acusados se mantendrán en reserva hasta que se realice el proceso de notificación. "Desde nuestro punto de vista, esta auditoría va a sustentar de manera mucho más efectiva el trabajo que está llevando adelante la Fiscalía contra los involucrados, además que amplía a mayor cantidad de funcionarios públicos en estas responsabilidades de carácter penal en los daños que han originado al Estado", señaló Herbas. La investigación del contrato rubricado entre la estatal petrolera y el consorcio argentino-boliviano Catler Uniservice comenzó tras el atraco de 450 mil dólares y el asesinato del empresario tarijeño Jorge O'Connor, el pasado 27 de enero, que destapó actos de corrupción en YPFB. En el marco de esas investigaciones fue encarcelado el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, principal gestor de ese contrato.
