El viceministro Sacha Llorenti (ABI) La Paz, 21 jun (ABI) - El gobierno de Bolivia calificó el domingo de "inadmisible" la solicitud planteada por el canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, que reclamó una disculpa del presidente boliviano Evo Morales a su país, luego que el relator de Naciones Unidas descartara el registro de un genocidio en las matanzas de indígenas amazónicos en la selva del nordeste peruano a manos de la Policía, a principios de junio. "La solicitud del canciller García Belaúnde es inadmisible", afirmó el viceministro de la Presidencia Sacha Llorenti, al describir una serie de acciones recientes por parte del gobierno de Alan García que minaron la relación bilateral. "Nosotros tenemos una retahíla de agresiones sufridas por el pueblo boliviano, por el gobierno boliviano, por Bolivia, de parte del gobierno de Alan García", deploró el funcionario boliviano al tiempo de precisar las diferencias que separan a los gobiernos de García y Morales y las coincidencias y querencias que en agudo contraste unen a los pueblos de Bolivia y Perú. "Bolivia ha sufrido una serie de trabas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en las negociaciones que tenía que hacerse bloque a bloque con la Unión Europea para discutir un tratado de comercio", comenzó a enumerar Llorenti, uno a uno las averías que tienen a mal traer la relación bilateral, estos días en su peor momento. El Viceministro boliviano dijo que la segunda descarga contra el gobierno de Morales, por parte de la administración García, se registró cuando, en el marco de los acuerdos internos de la CAN, Lima pretendió imponer las normas a la unión aduanera subregional para la suscripción de tratados de libre comercio. Llorenti denunció que el más duro golpe de García fue propinado cuando Lima entabló una demanda a Chile, por el control de casi 100.000 km2 de aguas marítimas limítrofes en desmedro de una negociación de largo aliento que los gobiernos de La Paz y Santiago mantienen desde 2006 y que apunta a subsanar la condición mediterránea de Bolivia desde fines del siglo XIX. "Los bolivianos no debemos olvidar que fue el gobierno de Alan García el que interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya con el propósito de entorpecer las negociaciones para que Bolivia pueda alcanzar una salida al Océano Pacífico", fustigó Llotenti, en declaraciones dominicales a la radio y televisión estatales en La Paz. Llorenti salió al paso de los dichos del canciller García Belaúnde que pareció condicionar la restauración de los lazos entre La Paz y Lima a una retractación de Morales. Perú evalúa sus relaciones con Bolivia y espera que Morales se retracte luego que el relator especial de la ONU de pueblos indígenas negó que hubiera habido un genocidio contra los nativos en la selva peruana, dijo García Belaunde, citado por la Agence France Presse. "Si el gobierno de Perú quiere realmente mejorar las relaciones con Bolivia, lo primero que tiene que hacer es entregar a las autoridades bolivianas a los ex ministros del (ex presidente Gonzalo) Sánchez de Lozada (sumariado por delitos de lesa humanidad) que se encuentran ahora protegido por el gobierno del Perú", contrapunteó Llorenti. Las relaciones entre La Paz y Lima atraviesan su más bajo nivel después que el gobierno de García diera asilo, en mayo último, a tres ex ministros de Sánchez de Lozada (2002-03), a quien la Suprema Corte de Justicia procesa por la muerte de 67 bolivianos durante una insurrección popular en octubre de 2003. El gobierno peruano asiló y refugió, pese a esto, a los ex funcionarios Mirtha Quevedo, Javier Tórrez Goitia y Juan José Torres, formalizados en la causa que implica a otros cinco ministros más del régimen de Sánchez de Lozada y al mando militar de entonces. Entonces, Llorenti acusó a Lima de exhibir una doble moral, cuando intenta, por un lado, procesar a dos líderes indígenas bolivianos, Isaac Avalos y Leonilda Zurita, que participaron en una cumbre continental de pueblos indígenas celebrada a fines de mayo anterior en Puno- a los que acusa de haber agitado la violencia en los choques registrados en Bagua, nordeste amazónico peruano, entre 5 y 6 de junio, que dejaron medio centenar de muertos, entre indígenas levantados contra la aplicación de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, y policías- y, por otro laso, proteger a ex funcionarios incluidos en proceso por genocidio en Bolivia. Según una organización que agrupa a los indígenas amazónicos peruanos, la represión policial dejó entre 60 y 100 nativos muertos. De acuerdo con informes oficiales de Lima, los choques entre indígenas, alzados en demanda de la anulación de una serie de decretos para concesionar la selva del nordeste peruano a compañías de EEUU- y policías dejaron 25 uniformados y 10 indígenas muertos. "Es el gobierno de Alan García el que a través del asilo y el refugio acoge a ex ministros del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada que han sido acusados por institución es bolivianas, no por el gobierno de Bolivia, por la Fiscalía General y por la Corte Suprema de Justicia y que, obviamente, ahora están siendo amparados por el gobierno de Alan García", argumentó Llorenti. El funcionario boliviano también deploró las objeciones a una carta pública enviada por Morales al foro indígena de Puno, en la que considera llegado el tiempo político para la toma del poder, por parte de los originarios, por conductos democráticos en la región. "Nosotros no vamos callar. Lo decía el Presidente de la República y también el Vicepresidente, que si tenemos que mandar 10 ó 20 cartas para alertar a los pueblos del mundo sobre las nefastas consecuencias del neoliberalismo en los Tratados de Libre Comercio, lo vamos a hacer", advirtió el Viceministro boliviano, al tiempo de lamentar las poco felices declaraciones del segundo vicepresidente del Congreso peruano, Alvaro Gutiérrez, que exaltó el supuesto contenido de violencia de la misiva, y las inopinadas investigaciones desarrolladas por dos legisladores peruanos en territorio boliviano sobre el espectro de acción de las casas del Alba, una iniciativa humanista para acercar servicios de salud a las poblaciones en zonas fronterizas de Bolivia.
domingo, 21 de junio de 2009
La Paz califica de inadmisibles dichos de García Belaúnde que reclama a Evo Morales una disculpa
El viceministro Sacha Llorenti (ABI) La Paz, 21 jun (ABI) - El gobierno de Bolivia calificó el domingo de "inadmisible" la solicitud planteada por el canciller de Perú, José Antonio García Belaúnde, que reclamó una disculpa del presidente boliviano Evo Morales a su país, luego que el relator de Naciones Unidas descartara el registro de un genocidio en las matanzas de indígenas amazónicos en la selva del nordeste peruano a manos de la Policía, a principios de junio. "La solicitud del canciller García Belaúnde es inadmisible", afirmó el viceministro de la Presidencia Sacha Llorenti, al describir una serie de acciones recientes por parte del gobierno de Alan García que minaron la relación bilateral. "Nosotros tenemos una retahíla de agresiones sufridas por el pueblo boliviano, por el gobierno boliviano, por Bolivia, de parte del gobierno de Alan García", deploró el funcionario boliviano al tiempo de precisar las diferencias que separan a los gobiernos de García y Morales y las coincidencias y querencias que en agudo contraste unen a los pueblos de Bolivia y Perú. "Bolivia ha sufrido una serie de trabas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en las negociaciones que tenía que hacerse bloque a bloque con la Unión Europea para discutir un tratado de comercio", comenzó a enumerar Llorenti, uno a uno las averías que tienen a mal traer la relación bilateral, estos días en su peor momento. El Viceministro boliviano dijo que la segunda descarga contra el gobierno de Morales, por parte de la administración García, se registró cuando, en el marco de los acuerdos internos de la CAN, Lima pretendió imponer las normas a la unión aduanera subregional para la suscripción de tratados de libre comercio. Llorenti denunció que el más duro golpe de García fue propinado cuando Lima entabló una demanda a Chile, por el control de casi 100.000 km2 de aguas marítimas limítrofes en desmedro de una negociación de largo aliento que los gobiernos de La Paz y Santiago mantienen desde 2006 y que apunta a subsanar la condición mediterránea de Bolivia desde fines del siglo XIX. "Los bolivianos no debemos olvidar que fue el gobierno de Alan García el que interpuso una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya con el propósito de entorpecer las negociaciones para que Bolivia pueda alcanzar una salida al Océano Pacífico", fustigó Llotenti, en declaraciones dominicales a la radio y televisión estatales en La Paz. Llorenti salió al paso de los dichos del canciller García Belaúnde que pareció condicionar la restauración de los lazos entre La Paz y Lima a una retractación de Morales. Perú evalúa sus relaciones con Bolivia y espera que Morales se retracte luego que el relator especial de la ONU de pueblos indígenas negó que hubiera habido un genocidio contra los nativos en la selva peruana, dijo García Belaunde, citado por la Agence France Presse. "Si el gobierno de Perú quiere realmente mejorar las relaciones con Bolivia, lo primero que tiene que hacer es entregar a las autoridades bolivianas a los ex ministros del (ex presidente Gonzalo) Sánchez de Lozada (sumariado por delitos de lesa humanidad) que se encuentran ahora protegido por el gobierno del Perú", contrapunteó Llorenti. Las relaciones entre La Paz y Lima atraviesan su más bajo nivel después que el gobierno de García diera asilo, en mayo último, a tres ex ministros de Sánchez de Lozada (2002-03), a quien la Suprema Corte de Justicia procesa por la muerte de 67 bolivianos durante una insurrección popular en octubre de 2003. El gobierno peruano asiló y refugió, pese a esto, a los ex funcionarios Mirtha Quevedo, Javier Tórrez Goitia y Juan José Torres, formalizados en la causa que implica a otros cinco ministros más del régimen de Sánchez de Lozada y al mando militar de entonces. Entonces, Llorenti acusó a Lima de exhibir una doble moral, cuando intenta, por un lado, procesar a dos líderes indígenas bolivianos, Isaac Avalos y Leonilda Zurita, que participaron en una cumbre continental de pueblos indígenas celebrada a fines de mayo anterior en Puno- a los que acusa de haber agitado la violencia en los choques registrados en Bagua, nordeste amazónico peruano, entre 5 y 6 de junio, que dejaron medio centenar de muertos, entre indígenas levantados contra la aplicación de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, y policías- y, por otro laso, proteger a ex funcionarios incluidos en proceso por genocidio en Bolivia. Según una organización que agrupa a los indígenas amazónicos peruanos, la represión policial dejó entre 60 y 100 nativos muertos. De acuerdo con informes oficiales de Lima, los choques entre indígenas, alzados en demanda de la anulación de una serie de decretos para concesionar la selva del nordeste peruano a compañías de EEUU- y policías dejaron 25 uniformados y 10 indígenas muertos. "Es el gobierno de Alan García el que a través del asilo y el refugio acoge a ex ministros del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada que han sido acusados por institución es bolivianas, no por el gobierno de Bolivia, por la Fiscalía General y por la Corte Suprema de Justicia y que, obviamente, ahora están siendo amparados por el gobierno de Alan García", argumentó Llorenti. El funcionario boliviano también deploró las objeciones a una carta pública enviada por Morales al foro indígena de Puno, en la que considera llegado el tiempo político para la toma del poder, por parte de los originarios, por conductos democráticos en la región. "Nosotros no vamos callar. Lo decía el Presidente de la República y también el Vicepresidente, que si tenemos que mandar 10 ó 20 cartas para alertar a los pueblos del mundo sobre las nefastas consecuencias del neoliberalismo en los Tratados de Libre Comercio, lo vamos a hacer", advirtió el Viceministro boliviano, al tiempo de lamentar las poco felices declaraciones del segundo vicepresidente del Congreso peruano, Alvaro Gutiérrez, que exaltó el supuesto contenido de violencia de la misiva, y las inopinadas investigaciones desarrolladas por dos legisladores peruanos en territorio boliviano sobre el espectro de acción de las casas del Alba, una iniciativa humanista para acercar servicios de salud a las poblaciones en zonas fronterizas de Bolivia.
